La Administración electrónica trata de mejorar los servicios públicos a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas no solo en los procesos y procedimientos administrativos preexistentes, sino que, en la actualidad, trata sobre la concepción y el desarrollo de estos servicios basándolos en lo que se conoce como la estrategia digital por defecto (digital by default).
Implica, por tanto, un verdadero cambio cultural, relacional y organizativo y una mayor involucración del ciudadano en la creación de estos servicios públicos avanzados.
El Global Innovation Index (GII) 2017, índice que mide el grado de innovación alcanzado por un país a través de un enfoque multidimensional, incluye varios indicadores para evaluar el grado de evolución de las Administraciones públicas. Entre estos indicadores encontramos el indicador de servicios gubernamentales online y el de eParticipación, para los que España ha obtenido una puntuación de 91,3 y 93,2, respectivamente, ocupando los puestos 11 y 7 respectivamente a nivel global, como refleja el informe Sociedad Digital en España 2017.
A nivel europeo, según el Índice Compuesto de la Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea (DESI), España ocupa el sexto lugar del ranking de países miembros en la prestación de servicios públicos digitales. Es en esta misma dimensión donde alcanza la mayor puntuación de entre los cinco capítulos medidos. Así, España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea en la prestación de servicios públicos online.
Desde el punto de vista del uso de los servicios de eAdministración, según los datos de Eurostat de 2016, el porcentaje de ciudadanos que interactuó con la Administración pública de manera electrónica en nuestro país se situaba en el 50%, dos puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea. En los últimos años, el crecimiento en el uso de estos servicios por parte de la ciudadanía se ha ralentizado en toda la Unión Europea. Si bien esta cifra se ha visto incrementada en dos puntos porcentuales respecto a los datos obtenidos en 2015, no experimenta cambios significativos desde 2014.
Esta misma evolución se puede observar a nivel europeo, con una variación de +1 punto porcentual desde 2014. Un 47% de los ciudadanos españoles ha utilizado estos servicios para obtener información de las autoridades públicas, 2 puntos porcentuales más que el año anterior y 5 puntos más que el ciudadano medio europeo. El mayor crecimiento se observa en el porcentaje de usuarios que descargó formularios oficiales, 3 puntos porcentuales superior a la cifra obtenida en 2015, situándose en el 37%.
Es en este mismo ámbito donde se aprecia la mayor diferencia de uso respecto al ciudadano medio europeo, 8 puntos porcentuales (29%). Un 32% de ciudadanos españoles envió formularios cumplimentados a través de Internet a la Administración pública, 4 puntos por encima de la media de la UE-28 y 2 puntos superior al porcentaje obtenido en 2015.
Crece el volumen de tramitación electrónica
Según los datos del Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE), el volumen de tramitación electrónica frente al presencial se situó en el 84,7% en 2016, 2,9 puntos más que un año antes. El volumen de tramitación telemática de servicios a empresas aumentó hasta el 98,9%, mientras que para los ciudadanos ha pasado del 73,4% de 2015 al 76,8% de 2016, lo que supone un incremento de 3,4 puntos porcentuales.
Dentro del uso de servicios comunes, destaca la utilización del sistema Cl@ve por parte de la ciudadanía. Según los datos manejados por el OBSAE, en 2016, el número de usuarios registrados ascendía a 3.355.140, un crecimiento del 101,3% respecto a 2015. El total de autenticaciones se cifró en 6.087.091 frente a las 971.112 alcanzadas el año anterior.
Respecto a la reutilización de información del sector público (RISP), España lidera el ranking europeo respecto a las políticas de datos abiertos. Asimismo, según el OURdata Index (Open-Useful-Reusable data Index) de la OCDE, España se encuentra en sexta posición de los países miembros de la organización, lo que pone de manifiesto los esfuerzos de la Administración pública española en esta materia.
En julio de 2017 el número de datasets disponibles en el portal datos.gob.es era de 15.975, un 82,6% más que en el mismo mes de 2016. El número de organismos proveedores en 2016 fue de 97 frente a los 93 con los que se contaba en 2015.
Respecto al uso comercial de los datos abiertos para la generación de nuevos sectores y servicios, según las cifras manejadas en el Estudio para la Caracterización del Sector Infomediario en España, se estima que, en 2015, el mercado de productos infomediarios producía un volumen global de facturación entre los 1.550 y los 1.750 millones de euros. Además, el 82% de estas empresas reutiliza información proveniente del sector público. Asimismo, el 95% de las mismas hace uso de información pública nacional.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública también muestra una evolución positiva. Según los datos del Portal de Transparencia a fecha de 30 de junio de 2017, el número de solicitudes de acceso a la información pública se cifraba en 9.551, 4.055 solicitudes más que en junio de 2016. De éstas, el 86,9% fueron solicitadas a través de la vía electrónica mientras que el 13,1% restante lo hizo a través de solicitudes en papel. El 67,5% de las solicitudes tramitadas fueron concedidas, un 23,8% inadmitidas, el 3,1% denegadas y el 5,6% fueron desestimadas y/o tuvieron otras formas de finalización. Según el tipo de información solicitada, los sectores más demandados son los relacionados con el sector público (31,4%), el transporte (12,4%) y la seguridad (11,6%).
